Dice el ministro de la presidencia, el ex militar Juan Ramón Quintana, que César López es un amigo entrañable y un militar sin mancha. Igualmente convencido, el pasado 13 de junio el presidente Evo Morales dijo, al posesionarlo como “presidente ejecutivo interino” de la Aduana Nacional de Bolivia, que conoce la transparencia y la honestidad de López. Así que fue ratificado en su cargo unos días más tarde, cuando comenzaron las denuncias de su participación en las masacres contra los bolivianos en septiembre y octubre de 2003. Y se armó la polémica…
Evo y sus colaboradores posesionando a César López como presidente de la aduana boliviana
Porque evidentemente hay muchas versiones encontradas, pero una realidad incontestable: el ex general López era jefe del estado mayor del ejército en 2003, a las órdenes del ex general Juan Véliz, quien por cierto está imputado en el juicio que se sigue al ex presidente Sánchez de Lozada y sus colaboradores por la muerte de más de 60 civiles bolivianos (algunos de ellos niños). Es decir, siendo el principal oficial operativo de su fuerza, López tuvo por lógica que saber lo que ocurría cuando ordenaron matar gente desarmada durante la llamada “Guerra del Gas”.
¿O no? Porque el ministro Quintana dice que no, que hay testimonios que pruebanque “en los días más difíciles de octubre de 2003 él estaba con su pueblo”. ¿Dónde estaba?, se pregunta este corresponsal, que por cierto estuvo cubriendo el conflicto desde adentro de las movilizaciones contra Sánchez de Lozada… en compañía, casi todo el tiempo, del hoy vicepresidente Alvaro García Linera, y nunca vimos al general López. Sería bueno que el ministro de la presidencia, si de verdad cree en el amigo entrañable, provea los mentados testimonios. ¿O no?
Y sí que sería bueno que López comparta lo que sabe con todos. Eso lo dicen los familiares de los caídos en octubre de 2003, como han hecho público en el comunicado que publicamos hace unos días. En el texto, firmado por el Comité Impulsor del Juicio a Sánchez de Lozada, queda claro que el ex general no está imputado por las masacres de entonces, pero también que López se ha negado a declarar en el proceso. Por esa razón el 7 de diciembre pasado el Fiscal General de la República Mario Uribe libró una orden de aprehensión en su contra.
El comunicado del comité explica que la declaración no prestada por el ex general César López serviría para la “determinación del grado de su responsabilidad en la masacre, su posible procesamiento o su exoneración de culpa”. Eso, de todos modos, no inquietó al presidente Evo Morales, quien hace el pásado miércoles dijo que la decisión de nombrar a López fue suya y que para ello consultó a varios de sus colaboradores, como el vicepresidente y el viceministro Sacha Llorenti. Este último, por cierto, fue miembro del grupo que inició el proceso para conseguir justicia para las víctimas de 2003, cuando era presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos… pero en fin, López ahí sigue, como aduanero mayor.
Para aclarar más la situación, hablamos con el Dr. Rogelio Mayta, coordinador jurídico del comité y representante de los familiares de los caídos. Mayta explicó que, aunque la ley militar explica bien las funciones que tenía César López como jefe del estado mayor del ejército en 2003, a sus representados y a él no les corresponde pedir renuncias, sino declaraciones. “Ya lo dijimos en nuestro comunicado: quien tiene que explicar esa designación en la Aduana Nacional es el gobierno”, cerró Mayta el tema.
¿O bastará con las declaraciones del ministro de la presidencia? Porque Juan Ramón Quintana ya dijo que a su amigo lo conoce desde que estudió en el Colegio Militar, en dos años en los que la institución estaba al mando de César López. Y que fue hasta testigo de su matrimonio. Ustedes dirán…
“Chachapumas”, mítico apodo andino, es como se conoce a los miembros del grupo de élite antiterrorista del ejército boliviano. Su unidad entra a este relajo también: un documento oficial, emitido por la Fuerza Contraterrorista de Tarea Conjunta, implica a César López en posibles ataques a medios de comunicación y arresto de dirigentes sociales en octubre de 2003. El oficial autor del informe dice que López dio la orden y un oficial, ex miembro de la unidad, dice que no es cierto y que López no tuvo nada qué ver. El informe, sea como fuere, es parte de los archivos del caso contra Sánchez de Lozada.
Obviamente, mientras el gobierno ratifica a César López la derecha lo ataca. Un senador del opositor partido Podemos ya hasta habló del tema en los medios. Wálter Guiteras anda por ahí hablando de militares represores… como si la gente de acá no supiera que Guiteras era ministro de gobierno del general Hugo Banzer Suárez y, como tal, estuvo detrás de actos represivos que mataron cocaleros en el Chapare, comunarios aymaras, y de la represión de la Guerra del Agua en Cochabamba el año 2000.
“¿Ves?”, nos dijo Rogelio Mayta al respecto, “Lo mejor es no caer en ese juego, aunque seguimos buscando que López de la cara. Es más ahora tiene que declarar el ex militar que dice que no estuvo involucrado en las acciones de octubre [de 2003]”. Rory Rodríguez, teniente coronel, es el nombre del angelito antiterrorista que dice que César López es inocente.
Antes de terminar la conversa con Mayta, le hicimos notar que el defensor de López dice que se trata de revanchismo con el ex general. Y aunque no sabemos de qué defienden a López, lo cierto es que el abogado que tiene (Gonzalo Valenzuela) es el mismo abogado que defendió a la actual cúpula de las Fuerzas Armadas del Dr. Rogelio Mayta, porque se negaban a levantar el secreto militar para ayudar en el caso contra Sánchez de Lozada. ¿No es curioso? Porque López ya no es militar…
“Sí, puede ser”, respondió Mayta. “En fin, ya te dije: si el gobierno dice que vivimos tiempos de cambio, que explique todo esto a la población”. Y tiene razón, porque este corresponsal no se explica por qué tanta defensa de César López desde el palacio de gobierno. ¿Ustedes sí?
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