A los compañeros/as de la prensa internacional:

Los grupos de poder de Santa Cruz impulsores y redactores del Estatuto Autonomico, constituidos por el Comité Civico Pro Santa Cruz, la Prefectura y representantes politicos de la oposición (diputados, senadores, asambleístas constituyentes y consejeros departamentales) y autodenominados “Asamblea Provisional Pre Autonómica”, tienen la firme intención de validar su estatuto, que es absolutamente ilegal por las siguientes razones:

No existe un marco legal institucional que norme la puesta en marcha de este proceso autonómico (no está contemplado en la Constitución actualmente vigente) y es por ello que ha sido calificado como ilegal por parte del único organismo que puede garantizar su legalidad y transparencia como es la Corte Nacional Electoral.

El contenido del texto va en contra de las normas establecidas en la Constitución (ejemplo de ello es la propiedad de los recursos naturales, que de acuerdo a la Constitución corresponde al Estado, mientras el Estatuto la deriva al gobierno departamental).

Ha sido elaborado por un grupo de élite político de forma unilateral, sin la consulta ni participación de los sectores populares.

La profundización en la descentralización del Estado a través de la autonomía es una legítima aspiración del pueblo boliviano. Sin embargo, la autodenominada “Asamblea Provisional Pre Autonómica”, al amparo de un aparente instrumento autonómico, ha manipulado este anhelo popular para perpetuar las estructuras jerárquicas de control, especialmente sobre los recursos naturales y la tierra, que impiden el desarrollo y la profundización de la democracia en el país.

Más de 300 instituciones y organizaciones nacionales, entre ellas la Corte Nacional Electoral, han invalidado el referendum autonómico e instancias internacionales en defensa de los derechos humanos, como la ONU, han calificado de racista el contenido del estatuto autonómico.

En este contexto, el 4 de mayo se realizará un referendum cuyos jurados electorales estarán acompañados sólo por miembros afines al estatuto donde tanto desde las mesas de sufragio como el proceso en su conjunto carece de un control social democrático, así como de la presencia veedores internacionales imparciales, lo que ratifica la ilegalidad de la consulta. No existen, por tanto, las condiciones necesarias que garanticen una consulta democrática ni transparente.

Se hace necesario alertar a todos los compañeros y compañeras de la prensa internacional para que sean conscientes de que su presencia puede ser utilizada como fuente de supuesta legalidad que valide una transparencia inexistente y un proceso aparentemente democrático, lo que les convertiría en cómplices de un montaje político que está negando la institucionalidad del Estado boliviano y una Democracia largamente construida por la lucha del pueblo boliviano en su conjunto.

Santa Cruz, 3 de mayo de 2008

Firman al pie Organizaciones Territoriales Urbanas